La ONU pide modificar la Ley de Justicia y Paz y denuncia abusos de guerrilleros, paramilitares y fuerzas estatales en Colombia

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Bogotá, Colombia
14 de febrero de 2006

14 de febrero de 2006
Bogotá, Colombia
Michael Frühling, delegado de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, ha revelado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el país sudamericano en 2005, que denuncia los constantes abusos contra la población civil, por parte de guerrilleros, paramilitares y fuerzas gubernamentales, a pesar de la tendencia decreciente de la violencia durante el conflicto.

El informe de 115 páginas señala que continúan los homicidios, ataques y amenazas contra los civiles por parte de los paramilitares, que se encuentran en la fase final de un proceso de desmovilización con el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta la fecha, más de 20.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia se han desmovilizado desde finales de 2002. Además, denuncia las presiones que esos grupos ejercen en ciertas zonas, las cuales se extienden hacia el proceso electoral que Colombia vivirá este año, por las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo.

Las guerrillas de las FARC y el ELN, por su parte, prosiguieron con el uso de minas antipersonales, el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado y los secuestros, mientras que algunas fuerzas del Estado, en el marco de la llamada política de seguridad democrática, realizaron ataques aéreos indiscriminados, utilizaron niños como parte de la red de informantes, bloquearon el transporte de personas, alimentos y bienes e incluso protagonizaron casos de violencia contra mujeres.

Frühling subrayó que "en Colombia sigue habiendo alrededor de 20 millones de pobres", en un país que tiene más de 40 millones de habitantes. Añadió que "lamentablemente sigue dándose una situación por parte de estos grupos armados ilegales, que se ha dado durante muchos años, de un irrespeto por el Derecho Internacional Humanitario". El informe subraya que la desigualdad social sigue en aumento, en particular entre colectivos de mujeres, indígenas y niños, pues carecen o tienen poco acceso a la educación, la salud y el empleo.

Si bien la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos insistió en la salida negociada al conflicto armado colombiano, pidió al gobierno de ese país modificar la llamada "Ley de Justicia y Paz" (Ley 975 de 2005), que reglamenta la desmovilización de los paramilitares de las AUC y que se queda corta al proveer una reparación justa a las víctimas. En uno de sus apartes, el informe señala lo siguiente:

"La nueva ley ha incluido en su texto los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, en respuesta a las observaciones formuladas por la Oficina. No obstante, esas disposiciones no son compatibles con otras de la ley. También faltan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En particular, la ley no exige la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. La ley no exige su contribución efectiva para el esclarecimiento de los hechos. No es posible hacer justicia ni garantizar la reparación sin esclarecer la verdad".

La ONU pide al Estado colombiano, además de reformar la mencionada ley, acabar con los vínculos entre fuerzas estatales y los paramilitares, adoptar un plan de acción respecto de los derechos humanos, abrir investigaciones de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, atacar la pobreza y luchar contra la impunidad. A los grupos armados ilegales, les pidió dejar el secuestro, la extorsión, los ataques a la población civil y el uso de las minas antipersona.

La actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la canadiense Louise Arbour.

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Fuentes

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