El Congreso colombiano aprueba la polémica ley de "justicia y paz"

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22 de junio de 2005

Bogotá, Colombia — Luego de un intenso y acalorado debate en ambas cámaras del Congreso, que fue convocado a sesiones extraordinarias -pues la legislatura termina oficialmente el 20 de junio-, ha sido aprobada la llamada ley de "justicia y paz", que pretende dar piso jurídico al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con la ley, Uribe espera que la totalidad de los 20.000 combatientes de las AUC depongan las armas al terminar el presente año.

Entre los puntos más importantes -y polémicos- de la ley, que posiblemente sea sancionada el miércoles, se pueden mencionar:

  • Estatus político para las AUC. Esta medida los protegería indirectamente de ser extraditados por narcotráfico y les abre las puertas para participar en política.
  • Penas de entre 5 y 8 años para los autores de masacres, secuestros y demás delitos cometidos durante la pertenencia al grupo armado ilegal, previa confesión -que, como prevé esta ley, puede ser una simple versión libre y espontánea- y colaboración con la justicia. Si se descubre falsedad o mala fe en la confesión, la pena podría aumentar un 20%.
  • Posibilidad de cumplir la pena en lugares diferentes a las cárceles, como en granjas agrícolas.
  • Rebaja general de penas (10%) para todos los presos que estén recluidos en las cárceles colombianas (lo que se conoce como "Jubileo"), a excepción de los que hayan sido condenados por delitos sexuales, de lesa humanidad y narcotráfico.
  • Los miembros de los movimientos armados ilegales que se acojan -en teoría, la ley también se aplicaría a las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN si quisieran desmovilizarse- deberán reparar a las víctimas.

La ley, que fue presentada como de "alternatividad penal" a finales de 2003, buscaba atraer a las AUC al proceso de paz, pues los insurgentes no habrían tolerado las penas previstas por el Código Penal Colombiano (la máxima condena en Colombia es de 60 años de cárcel). Desde entonces hasta el día de hoy, ha sido objeto de fuertes y encendidas controversias, el rechazo de la ONU y de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, la oposición de diversos sectores políticos e incluso de Washington, que al final respaldó la ley.

Acusaciones de paramilitarismo al hermano de Uribe

En la tarde del martes, cuando se ultimaban los detalles de la aprobación de la ley (el artículo 25, el de la confesión), el representante a la Cámara Gustavo Petro, del Polo Democrático Independiente (PDI), acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, de tener presuntas conexiones con una agrupación paramilitar llamada "Los Doce Apóstoles", que en la década de 1990 habría operado desde la hacienda "La Carolina", propiedad de los Uribe Vélez y administrada entonces por Santiago. La investigación se abrió en 1996, pero fue "sospechosamente paralizada" en 1997.

La representante Gina Parody, una de las más notorias aliadas del presidente, defendió al mandatario y atacó al comisionado: "Diga al fin y al cabo si es una ley de verdad, justicia y reparación", luego de acusarlo de haber "torcido" el proyecto.

Restrepo contraatacó:

Ni el Presidente de la República ni el Comisionado de Paz temen que se investiguen todos los hechos. Nosotros no tenemos nada que esconder. Y mal argumento el suyo, representante Parody, que cuando trata de cubrir a sus compañeros de ponencia intentando una fallida defensa del Presidente, lo único que se le ocurre es empañar la imagen del Comisionado, como si el Comisionado estuviese montando aquí patrañas, a espaldas del Presidente de la República. A una persona que ingresa a la Casa de Nariño, que conoce cómo es mi relación con el Presidente, yo no le puedo permitir que venga a aquí a aliarse, precisamente, con quienes atentan contra la dignidad del Primer Mandatario

.

Prosiguió, esta vez contra Petro y Wilson Borja, otro representante del PDI:

No hagamos, por favor, de este debate un debate de injurias. ¿Cómo así que ahora, a falta de argumentos, se vienen contra el Presidente de la República y su familia? ¿Cómo así que se utiliza este sagrado recinto para decir infamias? El hecho de que el Presidente sea un empresario agrícola, un hombre de campo, trabajador y modesto, ¿se convirtió entonces en un crimen?.
Ustedes, representantes Borja y Petro, que han conocido, en carne propia, lo que implica la estigmatización; usted, representante Borja, que sabe cómo en este país en ocasiones se ha estigmatizado a los sindicalistas, ahora se viene con una fórmula estigmatizadora para todo aquel que tenga una empresa en el campo. ¿Acaso es delito en este país tener una empresa en el campo? ¿De dónde salen esas mentiras de supuestas relaciones del Presidente con los jefes paramilitares? A este gobierno ni le ha temblado la mano para ejercer la autoridad ni tenemos ningún miedo a la verdad.

Parte de los uribistas y funcionarios del Ministerios del Interior y Justicia pidieron a "pupitrazos" -golpeando las mesas- la salida de Parody, Petro y Borja (estos dos últimos pertenecieron al movimiento guerrillero M-19 hasta su desmovilización a finales de los años 1980) del recinto. Después de esto la ley sería aprobada sin contratiempos en la madrugada del miércoles.

Respecto de la acusación de Petro, la Fiscalía General de la Nación afirma que el caso pasó a ser "auto inhibitorio" el 25 de agosto de 1999 y posteriormente archivado.

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Fuentes

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