Uribe sanciona la ley de "justicia y paz"

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22 de julio de 2005

Bogotá, Colombia — A las 11:15 de la mañana (16:15 UTC), el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha estampado su firma en el polémico texto de la ley de "justicia y paz", que pretende darle marco jurídico al proceso de paz que adelanta su gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La ley, aprobada por el congreso colombiano hace exactamente un mes, ha recibido toda suerte de críticas, tanto de la prensa internacional como de las ONG, por su aparente generosidad con los "paras", muchos de los cuales son acusados de crímenes de lesa humanidad.

Los puntos más polémicos de la ley son:

  • Estatus político para las AUC. Esta medida los protegería indirectamente de ser extraditados por narcotráfico y les abre las puertas para participar en política.
  • Penas de entre 5 y 8 años para los autores de masacres, secuestros y demás delitos cometidos durante la pertenencia al grupo armado ilegal, previa confesión -que, como prevé esta ley, puede ser una simple versión libre y espontánea- y colaboración con la justicia. Si se descubre falsedad o mala fe en la confesión, la pena podría aumentar un 20%.
  • Posibilidad de cumplir la pena en lugares diferentes a las cárceles, como en granjas agrícolas.
  • Los miembros de los movimientos armados ilegales que se acojan -en teoría, la ley también se aplicaría a las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN si quisieran desmovilizarse- deberán reparar a las víctimas.

Uribe viajó la semana anterior a España y el Reino Unido explicando la polémica norma y buscando la ayuda de esos dos países. A comienzos de esta semana, una misión encabezada por el vicepresidente Francisco Santos Calderón hacía lo propio en Estados Unidos.

"The New York Times" atacó la norma en un editorial publicado el pasado 4 de julio, mientras que la periodista Isabel Hilton recibía a Uribe con un artículo que informaba a los británicos de los supuestos vínculos pasados del mandatario con los narcotraficantes y con los paramilitares.

La Fiscalía General de la Nación ya nombró los primeros fiscales encargados de procesar a los paramilitares que se desmovilicen.

Con la sanción presidencial, la ley empieza a tener vigencia.

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Fuentes

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