El juez Baltasar Garzón se inhibe de la causa contra los crímenes del franquismo

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18 de noviembre de 2008

Madrid, España — El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que se inhibe del procedimiento abierto por él mismo por los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, declarando la responsabilidad de las actuaciones en favor de los juzgados territoriales donde se encuentren las fosas de los desaprecidos.

Con esta decisión pone fin al intento de juzgar a los autores de las desapariciones forzadas y a los presuntos criminales por hechos ocurridos durante la represión franquista. Por otra parte, evita que la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ya paralizó la exhumación de fosas, dicte una resolución definitiva.

La inhibición en el procedimiento abierto por Garzón el 16 de octubre, deja en manos de los jueces territoriales de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza, y de los decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, las causas pendientes, al no estar formalmente imputado ningún miembro de los gobiernos franquistas, fallecidos todos.

Baltasar Garzón autorizó la exhumación de 19 fosas comunes, incluida la del poeta García Lorca, "más todas aquellas que puedan resultar", tras declararse competente para investigar las denuncias realizadas en diciembre de 2006 por la Asociación de la Memoria Histórica.

Frente a quienes se opusieron a ello, recordó que los crímenes contra la humanidad, como este caso, no prescribían, hecho que ha vuelto a recordar en el auto de hoy.

Para llevar adelante la causa imputó a 44 líderes del franquismo por los delitos cometidos, solicitando de la Administración del Estado las correspondientes partidas de defunción para comporbar si alguno de ellos aún permanecía vivo. Según el auto de hoy, la administración ha declarado que todos ellos han fallecido, por lo que ya no es competencia de la Audiencia Nacional la investigación.

Establecimiento de protocolo de custodia de los restos y menores sustraídos

El auto señala la conveniencia de formar "un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".

También indica que la dictadura es responsable de los niños que "fueron sustraídos legal o ilegalmente [...] y los que fueron 'recuperados' contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones y organismos principalmente el Servicio Exterior de Falange" y de "haber propiciado [con ello] la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles en la formación y enaltecimiento del régimen.

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