El parlamento libio aprueba un veto contra los funcionarios de la era Gadafi bajo presión armada

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Mohamed al-Magariaf, presidente de Libia, el cual podría ser expulsado del cargo si se aplica la Ley del Aislamiento Político a todo aquel que trabajó para la Yamahiriya

9 de mayo de 2013

Trípoli, Libia — La mayoría de los miembros del parlamento libio aprobó el domingo reciente (5) una ley que prohíbe a todo funcionario público que haya trabajado durante el gobierno de Muamar el Gadafi a ocupar puestos con el régimen establecido después de 2011 durante 10 años.

La medida fue objeto de presiones por parte de milicianos fascistas del Grupo Combatiente Islámico Libio en las cuales pidieron la dimisión de los políticos que trabajaron para la Yamahiriya, rodeando a finales de abril las instalaciones de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, entre ellos la del premier Alí Zeidan y al presidente Mohamed al-Magariaf, con el objeto de purgar a todas las instituciones del estado libio de toda influencia del gobierno anterior, derrocado en 2011 por los rebeldes apoyados por la OTAN. Ello también alcanzó al ministro de defensa Mohamed al-Barghathi, pues por el decreto aprobado se vio en un principio obligado a dimitir pero posteriormente retiró su oferta a solicitud del ejecutivo.

Nunca seré capaz de aceptar que la política pueda practicarse por el poder de las armas (...) esto es un asalto contra la democracia que juré proteger.

— Mohamed al-Barghathi, ministro de Defensa libio

La polémica ley impone un veto a aquellos que ocuparon puestos entre 1969 a 2011 incluidos a los opositores del actual gobierno y aquellos que combatieron en la guerra civil del lado gadafista. Solamente se exonera del aislamiento a aquellos que rompieron con ella, cuya entrada en vigor es a principios de junio próximo. Además, el Congreso General desarrollará un comité para hacer cumplir esa ley, que fue criticada por Human Rights Watch, la cual indicó que "violaría la Carta Magna y las obligaciones internacionales recién adquiridas" y deploró la enmienda constitucional que impide su derogación, advirtiendo que el conflicto interno se podría agravar ante "las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si (este último) decide aprobar esta ley".

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