New York Times y varias ONG critican la ley de 'justicia y paz'

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24 de junio de 2005

Bogotá, Colombia — La polémica ley de "justicia y paz", aprobada este miércoles por el Congreso colombiano y que pretende darle un marco jurídico al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha recibido fuertes críticas en los últimos días.

El diario estadounidense The New York Times, en un artículo publicado este jueves, señala que la norma aprobada por el legislativo colombiano

"permite la desmovilización de miles de combatientes, pero da generosas concesiones a los comandantes paramilitares acusados de atrocidades y tráfico de cocaína (...) blinda a los comandantes paramilitares de la extradición por cargos de droga al permitirles que confiesen el tráfico, dándoles la excepción de cosa juzgada. Además categoriza el ‘paramilitarismo’ y los crímenes relacionados como crímenes políticos, lo cual, bajo la Constitución, salvaguardaría a los comandantes de la extradición por los crímenes relacionados con tráfico [de drogas]".

Lo mismo piensa José Miguel Vivanco, director de la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch, quien en una entrevista con Caracol Radio dijo que la ley "otorga beneficios extremadamente generosos a los miembros de los grupos armados y que envían un negativo mensaje a la guerrilla de las FARC, ya que si algún día deciden desmovilizarse, la normatividad les garantizará que pueden seguir secuestrando y violando el Derecho Internacional Humanitario". Human Rights Watch ha solicitado a los gobiernos sueco y holandés el retiro del apoyo financiero que brindan a la misión de la OEA que patrocina la desmovilización de los paramilitares.

Por su parte, Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que ya había pedido en varias ocasiones al gobierno y al congreso colombianos que la norma quedara consignada la obligación de la Verdad, Justicia y Reparación. Marcello Pollack, portavoz de Amnistía Internacional para Colombia, declaró que la ley "no respeta el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, consolida la impunidad y no toma medidas para prevenir la reintegración de los miembros de autodefensas en el conflicto". Amnistía Internacional calificó la norma de "una tragedia para el país y para las víctimas del conflicto armado" y pidió a la comunidad internacional abstenerse de apoyar el proceso de desmovilización "mientras no se incluya a los afectados ni se castigue adecuadamente a los criminales".

Varios congresistas y funcionarios de alto rango del gobierno colombiano han manifestado su rechazo a la polémica ley, entre ellos el senador Jimmy Chamorro, citado en el artículo del NYT, quien declaró que dicha ley "Debe ser llamada como realmente es, una ley de impunidad e inmunidad", mientras que el Procurador General de la Nación Edgardo Maya dijo que "su despacho hará una serie de observaciones a la nueva norma en cuanto a los principios de verdad, justicia y reparación".

Mientras tanto, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que adelantará una ofensiva diplomática que ejecutarán los ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, así como los embajadores y cónsules de Colombia en el exterior, para explicar los beneficios de la controvertida ley.

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