Cuatro años después, persisten las dudas y continúa la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa

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26 de septiembre de 2018

Cuatro años después, suman 129 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y sin embargo, ninguno ha sido sentenciado.

Este miércoles se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, al sur de México. Padres y compañeros de los jóvenes desaparecidos persisten en sus exigencias de "justicia y verdad", luego de un año marcado por las batallas jurídicas en torno a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso y detenciones infructuosas llevadas a cabo por las autoridades.

Desde el inicio del caso se han arrestado a 129 presuntos implicados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia. La investigación de Ayotzinapa es ya una de los más caros en materia de seguridad, pues ha significado un gasto de 132 millones 934 mil pesos. La implementación de la comisión investigadora es para los padres una "luz de esperanza para inaugurar una nueva etapa de investigación en el caso", declaró a la Agencia EFE el abogado de las familias y director del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

La noche de Iguala

La noche del 26 de septiembre, 43 estudiantes de Ayotzinapa, que habían tomado camiones para acudir a la Ciudad de México a la marcha por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco, desaparecieron tras ser atacados por la policía municipal en Iguala de la Independencia. En el lugar del enfrentamiento, algunos jóvenes fueron heridos y cerca del lugar se halló el cadáver desollado de José Luis Mondragón, el único estudiante entregado a sus familiares. El entonces alcalde del municipio, José Luis Abarca, aseguró que los responsables serían encarcelados y negó que fuera a renunciar. No obstante, a los poco días pidió licencia y el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la investigación.

El 22 siguiente, el entonces procurador Jesús Murillo Karam afirmó que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, eran los "autores intelectuales" de los ataques contra los estudiantes. El gobierno federal mexicano se mantiene firme en su "verdad histórica" que dio a conocer en enero de 2015. La versión oficial indica que el grupo criminal Guerreros Unidos detuvo a los jóvenes al confundirlos con un grupo rival en colusión con las policías municipales de Iguala y Cocula, para posteriormente torturarlos, asesinarlos e incinerarlos en un basurero de Cocula y arrojar sus restos a un río cercano. Los padres rechazaron esta versión y solicitaron la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Como resultado de un año de investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes propuso cuatro líneas de investigación que, sin embargo, no fueron asumidas por las autoridades federales.
EneasMx/Wikimedia Commons

Rechazo a la versión oficial

El GIEI propuso cuatro líneas de investigación como resultado de un año de investigaciones. Por un lado, el involucramiento de la policía de Huitzuco, asimismo el posible trasiego de droga en la ruta Iguala-Chicago en uno de los camiones tomados por los jóvenes, la ruta de los celulares de los desaparecidos y la posible participación del Ejército mexicano. Un año después de los sucesos, se presentaron evidencias científicas contra la "verdad histórica" que, sumadas a las línea del GIEI, minaron la credibilidad del gobierno federal y su investigación.

En este sentido, recientemente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó la versión de oficial de la PGR de "insostenible" y consideró que el caso Ayotzinapa es "un símbolo de las desapariciones en México". Según reportó El Universal, la Oficina consideró que las "deficiencias e inconsistencias [de la investigación gubernamental] han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture".

Las deficiencias en la investigación llevaron en junio pasado al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito a considerar que no fue "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial" y a ordenar la creación de una Comisión de la Verdad para el caso. Por su parte, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del ACNUDH, presentó en marzo un informe en el que se aseguraba que al menos 34 de los acusados por la fiscalía mexicana fueron arrestados de forma arbitraria y sometidos a tortura.

132 millones de pesos y 129 detenidos

De acuerdo con el diario Milenio, la PGR y la Secretaría de Marina han gastado 132 millones 934 mil pesos en la investigación del caso. 84 millones 259 mil únicamente de la Procuraduría. Por su parte, 24 horas, reporta que el gobierno mexicano erogó poco más de 33 millones de pesos para el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se dieron cerca de 336 mil pesos en 2015 a la Universidad de Innsbruck, Austria, para que analizara muestras encontradas en un río en la búsqueda de la identificación de ADN de los jóvenes. Se suman también 77 millones de pesos para el pago de salarios, viáticos y tecnología de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Hay también 129 detenidos de los que ninguno ha recibido sentencia y la fiscalía debe cumplimentar cinco órdenes de aprehensión. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que el caso se estancó desde el año pasado y lamentó que el gobierno no retomó las líneas de investigación del GIEI. Incluso se ha señalado que Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, relacionado con la desaparición por las autoridades, no corresponde a la descripción de uno de los autores materiales.

El País detalla que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha encontrado evidencia de que uno de los detenidos no es en realidad la persona buscada por las autoridades. La CNDH encontró confusiones en nombre, fisionomía y tatuajes. Pese a los llamados a su liberación, la persona lleva más de 170 días detenido. En la búsqueda de los desaparecidos se han efectuado 1700 búsquedas, la mitad propuestas por padres y el GIEI.

Justicia y verdad, la exigencia de los padres

Para los padres de los desaparecidos, la Comisión de la Verdad es una "luz de esperanza", aseguró el abogado de las familias, Mario Patrón.
PetrohsW/Wikimedia Commons

Este miércoles (26 de septiembre), el presidente de México, Enrique Peña Nieto refrendó vía Twitter el "compromiso" de su gobierno con la "justicia y con los familiares de las víctimas". En semanas anteriores, el mandatario admitió que el caso marcó su administración e insistió en defender la versión oficial de la PGR. No obstante, el gobierno "no tiene interés de esclarecer el Caso Ayotzinapa", criticó Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos.

"Es muy triste llegar a otro mes más sin nuestros hijos, otro mes más sin respuestas", añade. El día 15 de cada mes, los padres de los 43 estudiantes salen de sus comunidades y arriban a la Ciudad de México y definen las acciones para continuar con sus reclamos de "justicia y verdad". Cada año salen a exigir la presentación con vida de los jóvenes arropados, según ADNPolítico, "por estudiantes de las normales rurales de todo el país [...] [los 43 normalistas se han] convertido en símbolo de lucha y unidad de los estudiantes normalistas".

El 26 de septiembre produce "dolor, tristeza, pero también rabia", asegura el secretario general de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Cruz. "[La fecha] nos impulsa a buscar justicia, saber que nuestros compañeros fueron desaparecidos y asesinados ese día nos recuerda que no podemos dejarlos en el olvido", agregó. Para los padres, la conformación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, ordenada por un tribunal, representa una "luz de esperanza", aseguró el abogado de las familias, Mario Patrón. No obstante, la PGR se declaró imposibilitada para acatar dicha sentencia, se paralizó su creación. Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas dictaminó que la alegación de la PGR no existe y que sí hay "sustento constitucional, convencional y legal para su creación".

La Comisión añadiría controles externos a una investigación que quedaría en manos de la PGR. Por lo que, según Patrón, la CNDH e instituciones internacionales podrían hacer "una labor de supervisión de la investigación". En una reunión con los padres de los desaparecidos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a crear la comisión y a emitir un decreto presidencial para poner a las instancias del gobierno federal a trabajar para resolver el caso. También se comprometió a firmar un decreto, al tomar posesión, donde se establezcan los compromisos adquiridos por la administración entrante.

López Obrador también ha solicitado el regreso del GIEI. Dos de los padres manifestaron su satisfacción por los compromisos que asumió el presidente electo, incluida también la aceptación de asistencia técnica internacional, "vemos esperanza, por fin alguien nos ha dado esperanza". Igualmente, para Patrón el futuro mandatario mexicano demuestra un "cambio de narrativa" con respecto a Peña Nieto a la que criticó pues consideró "más empeñada en cubrir a los funcionarios que crearon esta teoría [la verdad histórica]". El gobierno federal apeló la resolución judicial sobre la conformación de la Comisión de la Verdad.

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“Tres años después, sigue sin resolverse el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”Wikinoticias, 26 de septiembre de 2018.

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