Indígenas panameños presentan denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Wikinoticias Panamá

22 de noviembre de 2009

Tras el desalojo de la comunidad Naso producido hace pocas horas, los pueblos originarios de Panamá denuncian reiteradas violaciones de Derechos Humanos. Pueblos indígenas de la etnia Naso que viven en la provincia panameña de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, denunciarán al gobierno panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Eliseo Vargas, vocero de los indígenas Naso dijo que se violaron los derechos humanos y territoriales de su comunidad e los desalojos sufridos hace dos días. "Estamos trabajando en una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Panameño, porque nuestro territorio está siendo acaparado poco a poco por inversores privados y gobierno" agregó Vargas, quien denunció que tras el desalojo, sus territorios serán usados para proyectos energéticos y ganaderos.

La presentación ante el CIDH incluye la "petición de medidas cautelares para proteger a los Naso y sus territorios de la ingerencia del gobierno en la toma de decisiones sobre los líderes indígenas y el cese inmediato de cualquier acción represiva".

Esta presentación se realiza tras los acontecimientos del pasado viernes 20 de noviembre, cuando unos 300 efetivos policiales ingresaron a la comunidad Naso sin orden judicial y destruyeron casas e instalaciones, tras reprimir con gases lacrimógenos a los miembros de la comunidad, incluyendo mujeres y niños. Este es el segundo desalojo que sufre la comunidad Naso en lo que va del año. El anterior había sido realizado el 30 de marzo pasado. Esta vez, la policía destruyó las vivienas de la comunidad para asegurar que no puedan regresar a sus territorios.

La denuncia de los Naso indica que el gobierno de Ricardo Martinelli prioriza los beneficios de la ganadera Bocas, interesada en esos terrenos, por sobre los del pueblo que ha vivido allí durante siglos.

El territorio en litigio es reclamado por la Empresa Ganadera Bocas, S.A., que presentó documentos de propiedad ante la justicia y exigió al gobierno la expulsión de los 'intrusos'. Los Naso indicaron que este desalojo se hizo sin ningún respaldo judicial y que ahora hombres, mujeres y niños que vivían en la comunidad están completamente "desprotegidos".