La policía ilegaliza las manifestaciones en Nicaragua

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Wikinoticias Nicaragua

29 de septiembre de 2018

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional de Nicaragua calificó de "ilegales" las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Igualmente, lanzó una amenaza de llevar "ante la justicia" a los organizadores de nuevas protestas. La Prensa señala que tal criminalización busca que la población desista en sus demandas.

En su nota, la policía asegura responsabilizar "a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses".

Vía Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación y consideró que tal ilegalización va en contra de "los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática".

La nota, que fue emitida por la policía y enviada a medios extranjeros por Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Ortega, apunta que la institución "reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad , el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales [...]". Añade que "ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas".

En la posición contraria se encuentran los manifestantes, diversas organizaciones y la Alianza Cívica, de la oposición, para quienes las protestas no son delitos. Sostienen que las manifestaciones han sido pacíficas y que las agresiones provinieron de los policías y grupos oficialistas. En este sentido, en días previos la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó que, desde el inicio en abril de las movilizaciones sociales, 512 personas han fallecido por la represión gubernamental y que al menos 4062 han resultado heridas.