A cinco años del caso Ayotzinapa, el nuevo gobierno replantea las investigaciones; «La única verdad es que no hay verdad alguna», dice subsecretario de Derechos Humanos

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26 de septiembre de 2019

26 de septiembre de 2019

«Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad», aseguró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Luis Alvaz/Wikimedia Commons

A cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Iguala de la Independencia, Guerrero, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, presentó durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, un informe sobre las investigaciones del conocido como caso Ayotzinapa.

Al responder una pregunta, el subsecretario calificó lo sucedido de «desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano». También afirmó que «estamos convencidos que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna», con relación a la versión oficial del gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, conocida como «verdad histórica».

Encinas informó que se han analizado 80 millones de registros de llamadas, que permitieron «construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos, y nos ha permitido no solamente identificar las horas críticas, sino el seguimiento minuto a minuto de esta operación». El subsecretario, el presidente y Omar Gómez Trejo, fiscal especial, portaron camisetas conmemorativas a petición de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

No puedo dar los detalles, pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos, pero algunas de las primeras conclusiones, para dar una de ellas, es que en ningún momento hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes, por decirlo de alguna manera.

— Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

«Lo hemos señalado desde un principio, tenemos dos líneas de investigación fundamentales, la búsqueda en vida es una de las demandas fundamentales de los padres de familia y también la búsqueda del destino final de ellos», indicó Encinas ante una pregunta sobre si existe la posibilidad de que estén vivos los jóvenes. Se ofreció también una recompensa de 1 millón 500 mil pesos para quien aporte información sobre la desaparición y 10 millones para quien ofrezca información que ayude a encontrar al principal sospechoso del caso, Alejandro Tenescalco Mejía.

Según detalló El País, el funcionario adelantó que se citará a declarar a Jesús Murillo Karam, exfiscal general que tuvo a su cargo la investigación, así como a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, e Iñaki Blanco, exfiscal estatal, que ahora serán llamados como testigos, pues ya declararon previamente. En semanas recientes se informó que 77 de 142 detenidos por el caso fueron liberados por violaciones de derechos humanos e irregularidades. El fiscal especial aclaró, sin embargo, que «Las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos».

También indicó que, sobre la posibilidad de llamar a declarar a Peña Nieto, Gómez Trejo afirmó que «Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados». Este pasado miércoles, los familiares de los jóvenes se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México para exigir «dinamismo en las investigaciones y cárcel para quienes construyeron la mentira», según informó Animal Político.

En entrevista con el medio, Blanca Luz Nava, madre del estudiante Jorge Álvarez Nava aseveró que «El gobierno anterior nunca quiso decirnos el paradero, nunca quiso investigar y nunca quiso hacer su trabajo, solo nos dio mentiras y ahorita, ya a cinco años, no hay avance. Nosotros lo que estamos exigiendo es que se aceleren las investigaciones porque nosotros como madres es mucho dolor y desesperación». La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido las acciones del nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, especialmente la conformación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y el diálogo con las familias.

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