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Tema[editar]

  • Deuda pública

Noticia con citas y referencias[editar]

La deuda pública española[editar]

La deuda pública se reduce en octubre en 2.400 millones de euros[editar]

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas descendió en octubre en 2.414 millones de euros respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 1,133 billones de euros, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. De acuerdo con los cálculos que ofrece el Ministerio de Economía basándose en la proyección de crecimiento del último Plan Presupuestario remitido a Bruselas, el endeudamiento se sitúa en el 98,06% del Producto Interior Bruto, por debajo del 98,98% con el que se cerró 2016. 

   El Ayuntamiento de Madrid es la administración que más ha reducido la deuda desde 2012
   El Gobierno acelera el ajuste fiscal para escapar de la tutela de Bruselas en 2018
   Todas las comunidades menos Galicia aumentan su deuda pública hasta junio

La cifra también se sitúa por debajo del objetivo comprometido para este año con Bruselas, fijado en el 98,1%. No obstante, esta mejora no significa que la cantidad de deuda pública en euros esté bajando. En los últimos doce meses ha subido un 2,5%. Estos pasivos siguen engordando en tanto que haya déficit público, esto es, un desfase entre los ingresos y los gastos de las Administraciones. Y España es uno de los pocos países de la UE que todavía sigue bajo la tutela del Procedimiento por Déficit Excesivo de Bruselas. Al menos ahora la deuda está ahora aumentando mucho menos. Ese 2,5% de crecimiento en el acumulado de los últimos doce meses representa la tasa más baja de incrementos desde que se inició la crisis. Y lo más importante es que la cifra está empezando a bajar en relación a la riqueza que genera el país, es decir, el Producto Interior Bruto.

Gracias a que la economía crece, la deuda en porcentaje de PIB se reduce. El problema consiste en que lo hace a un ritmo muy lento. El crecimiento del PIB recoge también el de los precios. Y con una inflación más bien escasa, resulta difícil disminuir rápido la deuda sobre PIB. Así que el resultado es que apenas se consigue recortar un punto de PIB por año desde el máximo que se registró en el 100,4% del PIB a cierre de 2014. Continúa estando demasiado cerca de los máximos históricos y eso implica que el Estado apenas contaría con margen presupuestario en el caso de llegar otra crisis. Por no hablar de la vulnerabilidad que supondría que repuntasen los tipos de interés de esa deuda. Los pasivos de las Administraciones encadenan ya 40 meses consecutivos superando el billón de euros.

Por primera vez desde que estalló la crisis la deuda pública está por debajo del objetivo, pero tiene truco[editar]

El Banco de España publicó ayer los datos de deuda pública correspondientes al mes de octubre de 2017 y hay buenas noticias: por primera vez desde que estalló la crisis esta se ha situado por debajo del objetivo pactado con Bruselas, lo cual es un éxito para España, aunque tiene truco.

La deuda pública ha disminuido en 2.414 millones de euros en octubre respecto al mes anterior, por lo que la cifra total de endeudamiento se sitúa 1,135 billones de euros. En relación al PIB, la deuda representa el 98.06% del mismo. Esta cifra está ligeramente por debajo del objetivo del 98,1% para el conjunto del año y es casi un punto menos que a cierre de 2016. El Ministro de Economía Luis De Guindos ha resaltado la tendencia a la baja del ratio de deuda pública respecto al PIB durante los últimos años. Lo recalco: EL RATIO. Una cosa es que disminuya ese ratio y otra cosa es que disminuya la deuda pública, lo cual no está ocurriendo. De hecho está ocurriendo justo lo contrario: España cada vez debe más dinero al resto del mundo.

La deuda crece en todas las administraciones Si analizamos la evolución de la deuda por administraciones comprobamos como la gran bajada de octubre correspondió al Estado, que disminuyó en 6.805 millones de euros, hasta los 976.033 millones. Esto supone una disminución del 0,6% mensual. Sin embargo, en términos interanuales la deuda ha aumentado un 3,8%.

La deuda de las Comunidades Autónomas, mientras tanto, se elevó en 1.926 millones, un 0,6% más mensual y un 4,4% más respecto a octubre del año pasado. En el caso de las corporaciones locales la bajada ha sido de 625 millones, un 2% menos que en septiembre pero un 13,7% más interanual.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social disminuyó tras cuatro meses de subida y se sitúa en 23.185 millones, lo que supone un incremento interanual del 35%.

Aunque sube la deuda, baja el ratio: ¿por qué?

  • Si juntamos todos estas estas cifras el resultado es que, a pesar de la caída del ratio Deuda/PIB y de que este se sitúe por debajo del pactado con la Comisión Europea, la realidad es que la deuda pública total del conjunto de las administraciones españolas ha aumentado en los últimos 12 meses un 2,5%. Estos pasivos seguirán aumentando en tanto exista déficit público: si los ingresos públicos son inferiores a los gastos, el desfase hay que financiarlo.
  • Por tanto, España sigue endeudándose mes a mes para cubrir su desajuste presupuestario y, como cualquier economía desarrollada, seguirá haciéndolo hasta que tenga superávit presupuestario, si es que alguna vez vuelve a tenerlo. Lo que hace que ratio deuda/PIB esté bajando es el hecho de que la riqueza del país, es decir, el PIB, crezca a un ritmo superior a la deuda.
El problema es que el ritmo de reducción de esta deuda en porcentaje del PIB es extraordinariamente lento: desde el máximo registrado a finales de 2014 (100,4% del PIB), la caída apenas llega a ser de un punto de PIB por año. A este ritmo, tardaríamos más de 60 años en volver al 35,5% de deuda que teníamos en 2007, justo antes de la crisis.

Sin embargo, la lectura positiva de todo esto es que desde que España está bajo la tutela del Procedimiento por Déficit Excesivo de Bruselas y haciendo sus deberes (como bien puede), la deuda cada vez crece menos. De hecho el acumulado del 2,5% es la tasa más baja de incrementos desde que estalló la crisis.

Entonces, ¿hay solución?

Haberla, hayla, pero es complicadísima. Como ya hemos señalado en multitud de ocasiones, esta pasa inevitablemente por crecer, pero también hay que ponerle freno al endeudamiento y para ello hay que acabar con el déficit público, o al menos reducirlo al mínimo. Si a pesar de que el PIB crece seguimos pidiendo dinero prestado, el efecto bola de nieve de la deuda es imparable.

Por tanto, es evidente que hay que contener el gasto público durante al menos una década si queremos reducir de una forma notoria la deuda pública. El crecimiento sostenido en el tiempo y la contención del gasto forman la única ecuación que puede conseguir reducir la deuda. De lo contrario, ¿cómo ponemos freno a este disparate?

La banca gana con la deuda pública más de lo que costó el rescate[editar]

Se ha embolsado unos 50.000 millones de euros desde el inicio de la crisis, mientras que el salvamento del sistema financiero costará a los contribuyentes 42.000 millones. La banca nacional no ha querido perderse el festín de la deuda pública española. Desde 2008, ha suscrito en torno al 20% de las emisiones realizadas por el Tesoro. Gracias a ello, se ha embolsado alrededor de 50.000 millones de euros en concepto de intereses durante los últimos diez años. Una cifra superior al coste del rescate bancario reconocido por el Gobierno.

La deuda pública española ha engordado como una auténtica bola de nieve a raíz de la crisis económica, hasta superar el 100% del Producto Interior Bruto (PIB). De 439.000 millones de euros contabilizados en 2008 ha pasado a más de 1.100.000 millones, debido a la creciente incapacidad de las administraciones públicas para cubrir sus gastos con los ingresos que generan.

Conforme aumentaba la deuda pública, muy especialmente durante el mandato de Mariano Rajoy, también se han incrementado los intereses que hay que pagar puntualmente por ella. El año en que estalló la crisis, no llegaron a los 16.000 millones y la previsión para éste es que sumen 30.000, después de un ligero descenso respecto a 2016, en que tocaron techo. Desde 2008 a 2017, ambos incluidos, los intereses de la deuda han exigido el pago de más de 255.000 millones de euros, a razón de 70 millones diarios, que han ido a parar al bolsillo de los acreedores. Entre ellos figuran grandes prestamistas nacionales e internacionales, públicos y privados, para los que las dificultades financieras del Estado español han sido un buen negocio.

Especiales rendimientos extrajeron en los momentos en que la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) escaló hasta máximos históricos, poniendo al país al borde de la intervención. Hubo subastas en que el tipo de interés de las emisiones de deuda llegó al 7,7% en julio de 2012, so pretexto de la dudosa capacidad de España para hacer frente a sus compromisos. De esta situación sacó ventaja la banca nacional, que suplió a los inversores extranjeros que sucumbieron a la desconfianza. Fueron años en que su participación sobre el conjunto de la deuda pública superó el 30%, muy por encima de los niveles precrisis y del 18% en el que se encuentra ahora, contabilizando las letras, bonos y obligaciones del Tesoro que tiene en su poder.

La cifra exacta de los ingresos que eso le ha proporcionado no es fácil de obtener. Pero teniendo en cuenta que acumula en torno al 20% de la deuda pública emitida durante la crisis y que los intereses generados en ese periodo superan los 255.000 millones de euros, es posible hacer un cálculo aproximado. La banca se habría embolsado unos 50.000 millones. Esos beneficios los consiguió a costa de los problemas de las administraciones públicas para cuadrar sus ingresos y gastos, entre los que figuraban, paradójicamente, los derivados del rescate bancario. Se movilizaron entonces 56.865 millones de euros para subsanar, sobre todo, la quiebra de las cajas, de los que 42.590 millones no se recuperarán nunca, según cálculos oficiales.

El negocio de la deuda pública: los prestamistas ganan 70 millones diarios[editar]

Sus beneficios anuales duplican el gasto en prestaciones por desempleo. Durante la crisis se han embolsado 255.000 millones de euros en concepto de intereses. La mayor parte de los títulos que emite el Tesoro está en manos extranjeras. La deuda pública, generada durante años por la Administración central, las comunidades autónomas y los entes locales, es uno de los grandes lastres que soporta la economía española. Equivale prácticamente al 100% del Producto Interior Bruto (PIB) y los intereses derivados de ella casi duplican, por ejemplo, el gasto del Estado en prestaciones por desempleo.

Pero, para los prestamistas, la deuda pública es un magnífico negocio, que sólo en 2017 les reportará unas ganancias del orden de los 30.000 millones de euros. Si sumamos todos los intereses que ha pagado España a sus acreedores desde el inicio de la crisis en 2008, la cantidad resultante llega a los 255.000 millones (a razón de 70 millones diarios); es decir, una cuarta parte de la riqueza nacional. Esa ingente cantidad va a parar, sobre todo, a inversores extranjeros, que han aprovechado las cuantiosas necesidades de financiación del Estado español durante la crisis para hacerse con algo más de la mitad de su deuda pública. En los años noventa, la participación que tenían era de apenas el 10% Entre los inversores extranjeros que se han sentido atraídos por las emisiones del Tesoro figuran algunos tan conocidos como Blackrock, la mayor gestora mundial de fondos, o Pimco, líder en el mercado de renta fija, ambos estadounidenses. También hay algunos Estados; por ejemplo, China, que ha llegado a controlar el 12% de la deuda pública española.

De los acreedores nacionales, el más destacado son las entidades de crédito, que han obtenido pingües beneficios de tomar dinero del Banco Central Europeo (BCE) prácticamente gratis y prestárselo al Estado a un tipo de interés que llegó a estar en el 4%. Les sigue la Seguridad Social, cuyo Fondo de Reserva invirtió miles de millones en títulos del Tesoro antes de ser esquilmado. El peso de los particulares es, en cambio, muy modesto: en estos años, no han llegado a controlar ni el 5% de la deuda pública y el porcentaje disminuye sin parar, como consecuencia del escaso atractivo de los tipos de interés que ofrece. Algo similar ha sucedido con las aseguradoras, por lo general muy conservadoras, pero que a medio y largo plazo necesitan rentabilidades más altas.

La deuda pública le cuesta a España casi 100 millones de euros al día[editar]

En los diez últimos años ha provocado un gasto por intereses de 350.000 millones de euros. La «factura» de la deuda pública mordió el año pasado al bolsillo colectivo de los españoles más de 35.000 millones de euros: 33.251 millones por los intereses que tuvieron pagar las administraciones públicas a los que les prestan dinero; y varios miles de millones más que desembolsan, por el mismo concepto, las empresas públicas.

A falta de la liquidación de las cuentas públicas que deje el presente 2017, los últimos datos anuales certificados (2016) indican que, de media, el sector público español paga por su deuda cuatro millones de euros cada hora, prácticamente 100 millones de euros cada día. El grueso de ese coste recae en la Administración central, que es también la que concentra la mayor porción de la deuda pública española. Así, el año pasado la Administración central tuvo unos gastos financieros de 28.114 millones de euros.

Por su parte, las administraciones autonómicas desembolsaron 4.454 millones por el mismo concepto. Otros 681 millones pagaron el conjunto de las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares-, mientras que la Seguridad Social desembolsó dos millones de euros. Y a todas esas cifras hay que sumar el coste que genera la deuda del extenso entramado de empresas públicas de las distintas administraciones. El último dato oficial publicado sobre el coste de la deuda del conjunto de empresas públicas españolas es el de 2014: ese año superó los 4.100 millones de euros, pero en 2012 el entramado mercantil del sector público español llegó a pagar por intereses 8.095 millones.

El precio de gastar al debe Durante los diez últimos años, de 2007 a 2016, los gastos financieros del sector público español han rondado los 350.000 millones de euros. A la Administración central se le han ido por este concepto 235.253 millones de euros; otros 47.985 millones a las administraciones autonómicas; 10.641 millones de euros han desembolsado el conjunto de las entidades locales; y siete millones de euros a las administraciones de la Seguridad Social.

Por su parte, en este último decenio, el conjunto de empresas públicas españolas han pagado no menos de 50.000 millones de euros por su deuda pública: de 2007 a 2014 -último dato oficial publicado- se les fueron por este concepto 45.007 millones de euros. En los diez últimos años, la deuda pública casi se ha triplicado. El entramado de las administraciones españolas necesita pedir cada vez más dinero prestado para atender los pagos de la deuda que le vence (amortizaciones) y para cubrir el déficit que, año tras año, sigue acumulando el sector público en su conjunto.

Tipos de interés. Que los tipos de interés se hayan instalado en mínimos ha encubierto esa peligrosa y continua escalada del endeudamiento público español. Ese abaratamiento del préstamo ha evitado que el vertiginoso aumento de la deuda pública española haya disparado los gastos financieros hasta niveles peligrosamente indigestos. De hecho, en términos netos a España se le ha reducido temporalmente la factura de los intereses pese a que ha disparado el endeudamiento público. Y aquí radica el riesgo a futuro.

Dado el volumen de deuda con el que se han cargado -y se siguen cargando- las administraciones españolas, un repunte de tipos elevaría esos costes de forma preocupante. La experiencia reciente así lo confirma. Por ejemplo, en 2013 -con mucha menos deuda, pero al rebufo de una prima de riesgo que se había disparado en 2012- el sector público español tuvo que pagar un total de 47.464 millones de euros por intereses, un 25% menos de los que desembolsó el año pasado pese a que la deuda pública de España aumentó un 22% entre 2013 y 2016.

Referencias de las citas

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