México y Francia en tensión diplomática por caso Florence Cassez

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15 de febrero de 2011

15 de febrero de 2011

Los gobiernos de México y Francia se encuentran en un estado de tensión diplomática, derivado de las posturas que ambas naciones han tomado por el fallo negativo al último recurso de apelación a la sentencia de 60 años de cárcel dada por los tribunales mexicanos a Florence Cassez, ciudadana francesa. En la última acción, México canceló su participación en el Año de México en Francia, una serie de 360 celebraciones binacionales en dicha nación, luego de que esta última anunciara que en cada uno de ellos mencionaría el caso, y el presidente Nicolas Sarkozy declarara que está dispuesto a resolver el problema.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal negó un recurso de amparo a la sentencia dictada por un juez mexicano de 60 años de prisión a Florence Cassez, acusada de integrar la banda "Los Zodiaco", un grupo criminal que concretó diversos secuestros, presuntamente liderados por el entonces novio de la francesa, Israel Vallarta. Ambos fueron detenidos en el rancho Las Chinitas, en la periferia de la Ciudad de México el 9 de febrero de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación realizó un operativo para liberar a una madre y a su hijo que "Los Zodiaco" mantenían secuestrados. Cassez ha alegado en su defensa que no sabía nada de las actividades ilícitas de su novio.

Poco después del operativo, transmitido por la televisión pública, el gobierno admitió que lo transmitido se trató de una recreación del momento real de la detención, hecho para que las cámaras televisivas lo captaran. Dicha irregularidad no influyó sobre la sentencia de los jueces, que cuentan con el testimonio de los liberados en el operativo Cristina Ríos y su hijo Cristian, que identifican a una mujer de acento francés en su cautiverio. Incluso, Ríos hizo pública una carta en el periódico La Jornada, en donde afirma reconocer a Cassez en su cautiverio. "La misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño", dice el texto.

A pesar de los esfuerzos hechos por Nicolas Sarkozy en 2009, en una visita diplomática, para extraditar a Florence Cassez para que cumpla su condena en Francia, el gobierno mexicano se ha negado a dicho acto, ya que su legislación prohíbe la extradición en delitos graves, y el secuestro está recientemente tipificado como delito grave. En esa misma visita, Felipe Calderón y Sarkozy acordaron que 2011 sería el año de México en Francia

Al conocerse el fallo de los jueces mexicanos sobre el amparo, y tras una reunión entre Sarkozy y los padres de Cassez, el gobierno francés decidió dedicar el año también a Florence Cassez, y anunció que en todos los eventos que se realizaran se mencionaría públicamente el caso, que a juicio de las autoridades francesas, fue irregular en su proceso y sentencia. Ello ocurrió luego de que la oposición francesa pidiera a Sarkozy suspender el conjunto de celebraciones, a lo que el mandatario respondió con la decisión de la mención. Incluso Christine Lagarde, ministra de Finanzas francesa, anunció que hablaría sobre Florence Cassez en el pleno del G-20.

Ante esa situación, México decidió cancelar su participación en las celebraciones, al considerar que no hay condiciones para que el país participe. "Cómo podemos exponer nuestros artistas, creadores, empresarios, intelectuales, universitarios a 360 actos en los cuales en lugar de celebrar nuestra amistad, vamos a hablar de una prisionera que fue juzgada y condenada por un delito particularmente grave”, dijo el embajador mexicano en Francia, Carlos de Icaza.

El martes pasado, Nicolas Sarkozy prometió trabajar sobre el caso, alegando que se trata de un caso humanitario y que buscará que la pena de Cassez sea compurgada en Francia. Al estar agotados los recursos en la justicia mexicana, la defensa de la francesa anunció que recurrirá a tribunales internacionales, y a los franceses para demandar a los funcionarios mexicanos.

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