México aprueba su primera ley general de desaparición forzada

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13 de octubre de 2017
Este jueves (12 de octubre), la Cámara de Diputados mexicana aprobó con 396 votos, de 500 en total, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que envió al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta nueva ley, avalada por el Senado en abril pasado, deroga artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud relacionados con este delito, además de disposiciones del tratamiento de cadáveres no identificados. La norma contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas, una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

También prevé penas de 60 años de prisión para servidores públicos y 50 años para particulares que incurran en este delito. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México suman 33 mil 482 personas desaparecidas en los 32 estados de la República. Aunque reconocieron su aprobación, organizaciones internacionales llamaron a las autoridades mexicanas a aplicar los protocolos que establece y a dotar de presupuesto para su funcionamiento.

"Las familias que conformamos el movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60 colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto contenidos fundamentales de ésta", declaró el movimiento de búsqueda de desaparecidos, Nuestros Desaparecidos en México. Sin embargo, coincidieron en que se requiere de presupuesto.

México vive desde hace diez años una crisis de derechos humanos. Al alta han ido delitos como las desapariciones, las torturas, los secuestros y los homicidios. Múltiples grupos y organizaciones han buscado a sus familiares en diversos estados del país, criticando la indiferencia y lentitud de las autoridades. Cuando entre en vigor, se estipula la creación de fiscalías especializadas a nivel estatal y federal que ayuden a los familiares y establezcan programas de protección a víctimas. También se creará un registro de fosas.

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