La justicia ordena suspender la ley de medios argentina

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21 de diciembre de 2009

Mendoza, Argentina — La jueza federal Olga Pura de Arrabal dio lugar a una medida cautelar para impedir la aplicación de la Ley de Medios sancionada en septiembre de este año. Es el tercer revés judicial en contra de la norma en una semana.

El pedido fue realizado por el diputado nacional Enrique Thomas, del peronismo disidente (miembro del Partido Justicialista, pero opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner). Los motivos de la medida fueron las irregularidades en el proceso de sanción de la ley.

Entre estas irregularidades fue la llamada "fe de erratas". El texto de la ley publicado en el Boletín Oficial era diferente al sancionado por el Congreso, ya que en este último, los artículos 95 y 124 hacían referencia a otros artículos por error. Cabe destacar que cualquier modificación de un proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras legislativas, cosa que no ocurrió en este caso.

El pasado miércoles, otro magistrado había declarado inconstitucionales dos artículos de esta ley, a pedido del Grupo Clarín. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández había acusado al juez Edmundo Carbone, quien dictó la medida, de no ser competente y actuar bajo presión de Clarín. Medios oficialistas publicaron que Carbone fue partícipe de dictaduras militares.

Dos días después, un juez federal de la provincia de Salta, también ordenó la suspensión de varios artículos de la legislación, dando lugar al reclamo de una organización de defensa al consumidor. De acuerdo con este fallo, la norma limitaría la oferta de radio y televisión en el interior del país.

Además, el juez Eduardo Vocos Conesa ratificó la fusión entre las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión, que había sido suspendida la semana pasada por el gobierno. Ambas empresas son del Grupo Clarín.

La Ley de Medios, impulsada por el oficialismo, reemplazó a la Ley de Radiodifusión de 1981, originada durante la última dictadura militar del país. La nueva norma obedece a los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación establecido por un grupo de académicos, medios comunitarios y organismos de derechos humanos. Su objetivo básico es impedir la formación de monopolios y oligopolios de medios de comunicación.

Aunque la idea de reemplazar la ley de Radiodifusión surge casi desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, la ley recién se envió al Congreso en 2009, tras un conflicto entre el gobierno y Clarín que aún sigue vigente. El Grupo Clarín es el multimedio más afectado por la Ley de Medios.

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Fuentes

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