Informe de las CPI cita indicios contra 18 diputados brasileños

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Brasília — De izquierda a derecha : los relatores de las comisiones parlamentarias de interrogatorio, diputado Ibrahim Abi-Ackel (Compraventa de Votos), diputado Osmar Serraglio (Correos), y los presidentes de las comisiones, senador Amir Lando (Compraventa de Votos), y senador Delcídio Amaral (Correos) y el suplente diputado Asdrubal Bentes (Correos). Foto: José Cruz/ABr.

Brasil
3 de septiembre de 2005

3 de septiembre de 2005
Brasil
Las comisiones parlamentarias de interrogatorio de los Correos y de la Compraventa de Votos de parlamentarios aprobaron el jueves (1), por unanimidad, el informe parcial de sus actividades. Éste fue escrito conjuntamente por los relatores de la Comisión Parlamentaria de Interrogatorio (CPI) de los Correos diputado Osmar Serraglio (Partido del Movimiento Democrático Brasileño - PMDB) y de la CPI de la Compraventa de Votos diputado Ibrahim Abi-Ackel (Partido Progresista - PP). El informe recomienda la apertura de procesos y apunta indicios de irregularidades a 18 diputados federales brasileños y a un ex diputado (Valdemar Costa Neto, que renunció en 1 de agosto de 2005). Se espera que el informe sea entregado a la Presidencia de la Cámara de los Diputados, que podrá encaminarlo al Consejo de Ética y Decoro Parlamentaria, con poder de decidir por la instauración de los procesos.

Entre las irregularidades supuestamente practicadas por los diputados están: uso de las direcciones de empresas estatales para recaudación financiera, además de la sospecha de que recibieron dinero en pago de favores por el gobierno, y financiación irregular de campañas políticas. Además de eso, el informe afirma que cuatro leyes fueron supuestamente violadas por las personas citadas: no respeto al Código de Ética y Decoro Parlamentaria de la Cámara, enriquecimiento ilícito en función del cargo, acción u omisión para violar los deberes de honestidad, imparcialidad, legalidad y lealtad con las instituciones. El informe habla también del irrespeto al Código Penal que prohíbe la corrupción pasiva y activa, la prevaricación y la abogacía administrativa.

Los diputados citados en el informe son: Carlos Rodrigues (PL), João Magno (PT), João Paulo Cunha (PT), José Borba (PMDB), José Dirceu (PT), José Janene (PP), José Mentor (PT), Josias Gomes da Silva (PT), Paulo Rocha (PT), Pedro Correia (PP), Pedro Henry (PP), Profesor Luizinho (PT), Roberto Brant (PFL), Roberto Jefferson (PTB), Romeu Queiroz (PTB), Sandro Mabel (PL), Vadão Gomes (PP) y Vanderval Santos (PL).

El informe alega que el juicio de las CPIs contra los parlamentarios es "eminentemente político". A causa de eso, no es necesario que haya pruebas objetivas. Según el parecer, los diputados acusados podrán defenderse durante los procesos en el Consejo de Ética y Decoro Parlamentaria.

El informe informa: "Independientemente de la ocurrencia de delito común - para cuyo juicio la calificación no es del Congreso Nacional, sino del Poder Judicial -, existen elementos que pueden demostrar que los desvíos de conducta por parte de diputados federales aquí citados indican la quiebra de decoro parlamentario".

Y añade: "Cuando menos, por el grave daño a la imagen del Congreso, por el compromiso de la actividad política, por la lesión a la democracia representativa, por el menoscabo al Estado de Derecho democrático, finalmente, por un amplio conjunto de crímenes políticos son muestra suficiente como para justificar la apertura de proceso de destitución de los congresistas que los practicaron."

Los relatores de las dos CPIs consideraron como una "ridícula disculpa" el alegato hecho por parlamentarias de la base aliada del gobierno diciendo que los recursos vinieron de préstamos. Según los relatores no hay pruebas que sostengan el argumento de que el dinero fue usado para saldar deudas con campañas electorales.

El informe de las CPIs también rechaza la defensa hecha por algunos políticos de que el dinero recibido era fondo irregular para campaña :

"Tampoco nos parece aceptable el argumento de que, como ocurrió repetición sistemática de un crimen – aunque sea el mismo crimen, reiteradamente cometido por muchas personas - ese comportamiento se legitima por reiteración."

Y continúa: "Sobre todo, el manejo de los llamados 'recursos no contabilizados' en campañas electorales o fuera de ellas corresponde la conducta prohibida, y como tal debe ser tratada".

El informe afirma que "no hay legitimidad en mandatos conseguidos por medio de caja dos" y que "medios ilícitos para ganar elecciones atentan contra el estado democrático de derecho".

En relación a las denuncias hechas por el diputado Roberto Jefferson (PTB) el informe dice:

1. Lo que ya se consiguió examinar, de lo que declaró, ha correspondido a la verdad, inclusive en aquello que confiesa;

2. Lo que depende de enfrentamiento entre su palabra y la de los por él mencionados, se presenta con elevado grado de verosimilitud. De hecho, todos los que, apresuradamente, le contestaron, han visto desmoronarse sus defensas, ante los sucesivos descubrimientos.

El informe declara que el empresario Marcos Valério mostró no ser confiable porque él "repetidamente ha sido desmentido, hasta por sí mismo, con las sucesivas versiones que presentó".

Según el informe de las comisiones parlamentarias, fueron identificados y apreciados varios documentos que comprueban la existencia de grandes retiros en efectivo en agencias del Banco Rural situadas en Brasilia y en Belo Horizonte, de cuentas bancarias de las empresas SMP&B y ADN Propaganda. Los documentos muestran que muchos beneficiarios de esos retiros eran diputados federales, que recibían los montos directamente o por intermedio de parientes, asesores, o de personas nombradas por Marcos Valério, como señor Davi Alves y señora Simone Vasconcelos.

El informe afirma que es posible que algunos pagos hayan sido hechos mensualmente, mientras que otros hayan sido hechos con una mayor o menor periodicidad. Pero, el informe dice que la periodicidad de los pagos es "lo que menos interesa" y añade: "el hecho importante, que no podemos ignorar, es el recibimiento de ventajas indebidas".

El documento informa que el empresario Marcos Valério reconoció haber repasado por lo menos R$ 55 millones a políticos, partidos, dirigentes y parlamentarios. La Comisión Parlamentaria de Interrogatorio de los Correos consiguió identificar hasta el momento retiros que sumados llegan a R$ 32 millones y todavía el queda por descubrir el destino de cerca de R$ 23 millones.


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