Inconstitucionales leyes de amnistía y perdón en Argentina

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Buenos Aires, Argentina
15 de junio de 2005

15 de junio de 2005
Buenos Aires, Argentina
Este martes la Corte Suprema de Argentina anuló, después de dos noches de debates, las leyes de Punto Final (ley 23.492 de 1986) y Obediencia Debida (ley 23.521 de 1987), que interrumpieron los procesos penales que se llevaban a cabo en ese entonces contra militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los años 70 y comienzos de los 80. Además, la Corte avaló la ley 25.779 de 2003, que precisamente declaraba la nulidad de las mencionadas leyes.

La inconstitucionalidad fue aprobada por siete de los nueve jueces de la Cortes -Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Antonio Boggiano; Carlos Fayt se opuso y Augusto Belluscio se abstuvo-. Cinco magistrados aprobaron la validez de la ley 25.779 de 2003.

La sentencia ha resuelto:

"Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación".
"A fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas."

El fallo se emitió luego del estudio del caso de Julio Simón, ex policía acusado de la desaparición forzada de la familia Poblete. Con esta decisión, se hace posible la reapertura de cientos de procesos contra militares y ex militares vinculados con la represión de las dictaduras de Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, Alfredo Óscar Saint-Jean y Reynaldo Bignone, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983.

El presidente Néstor Kirchner declaró el martes que la decisión "nos devuelve la fe en la Justicia, ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que nos llenaban de vergüenza. Este día hace a la lucha contra la impunidad. Como presidente de los argentinos considero un fallo muy importante el que se ha dictado hoy". El mandatario se expresó en esos términos durante un acto en la provincia de Santa Fe.

Fuentes

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