Human Rights Watch entrega informe sobre narcotráfico al presidente de México

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12 de noviembre de 2011

Como “una política de seguridad pública que fracasa seriamente”, porque “no ha logrado reducir la violencia” fue calificado el gobierno de Felipe Calderón por la organización Human Rights Watch (HRW) al producirse un incremento en las tasas de homicidios y la impunidad en más del 90% de los casos y por supuesto el aumento en las violaciones a derechos humanos.

Kenneth Roth, presidente de la organización y su representante para América, José Miguel Vivanco, entregaron al presidente mexicano un documento titulado Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México donde se recopilan 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales, todo esto ocurrido desde que Calderón asumió la presidencia.

Este documento es una secuencia de un primer informe publicado por HRW en 2009 llamado Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar los abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de la seguridad pública. Hablando de cifras, se destacan los datos de muertes violentas y el escaso interés de las autoridades por abrir investigaciones, pues de los 45 mil asesinatos que se especula son atribuidos al narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo integró 997 averiguaciones previas y sólo existen 22 casos de auto de formal prisión por este delito.

La organización también puntualizó que de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas presentes en: Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Baja California se documentaron mil 615 expedientes por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, pero hasta ahora hay un solo militar condenado por violaciones a derechos humanos en esas entidades.

En respuesta a esto, el Presidente Calderón afirmó que “Los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos. Son ellos quienes, mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”.

“De ahí la obligación ética y legal del gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, dijo Calderón a los activistas.

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Fuentes

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