Bolivia afronta una crisis política

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24 de agosto de 2007

La Paz, Bolivia — Una crisis política ha obligado a la suspensión de la Asamblea Constituyente que tiene como objetivo promulgar una nueva Constitución Política boliviana el 14 de diciembre de 2007. El principal tema de discordia es la definición de la ciudad capital, tras la solicitud de Sucre de que los Poderes del Estado retornen oficialmente a ella en la nueva Carta Política.

Diversos sectores sociales han decretado un paro cívico para la próxima semana en seis regiones del país, como medio para presionar el mencionado debate dentro del marco de la Asamblea. En contraparte, el diputado Wilber Flores del partido oficial Movimiento al Socialismo (MAS) convocó a una vigilia para exigir que este tema no sea tocado en la Asamblea, quien afirmó que "ese magno evento que tiene el mandato de redactar una nueva Constitución Política del Estado, no puede estar supeditado a intereses regionales".

Ese magno evento que tiene el mandato de redactar una nueva Constitución Política del Estado, no puede estar supeditado a intereses regionales
— Wilber Florez (MAS)

La suspensión y el procesamiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por una pelea desatada durante un debate también propició algunas protestas por parte de la oposición. Esta situación, unida al reclamo de la capitalía ha venido desencadenando algunas manifestaciones de violencia en Sucre. Se presume que miembros de la Unión Juvenil Cruceña estarían liderando las protestas. Entre otras razones, argumentan que el partido del presidente Evo Morales pretende "imponer ideologías antidemocráticas" y afirman que presentarán una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU, por lo que consideran una violación de los principios democráticos.

La solicitud de Sucre se basa en que después de la victoria liberal en la guerra civil de 1899, los poderes ejecutivo y legislativo de Bolivia fueron trasladados a La Paz y desde entonces permanecen en esta ciudad, aunque Sucre mantuvo la condición de capital (al menos legalmente), la cual aspiran a renovar. No obstante, las autoridades afirman que la demanda legítima de capitalidad de la población sucreña se desvirtúa por algunos factores como las acciones violentas de organizaciones juveniles.

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