Amnistía Internacional pide el cierre de la base de Guantánamo en su más reciente informe

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Ubicación de la Bahía de Guantánamo

26 de mayo de 2005

Londres, Reino Unido — En su informe anual, de 308 páginas, publicado este miércoles, Amnistía Internacional denuncia la grave situación de los derechos humanos en el mundo. La secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo que "Guantánamo se ha convertido en el gulag de nuestro tiempo, consolidando la práctica de la detención arbitraria e indefinida en violación del derecho internacional" y pidió a Estados Unidos el cierre definitivo de la prisión, ubicada en Cuba.

Las críticas son aún más fuertes. En su introducción, el informe dice que "la 'guerra contra el terror' parece más efectiva desgastando los principios de los derechos humanos internacionales que combatiendo el 'terrorismo' internacional". Agrega que "Estados Unidos, en su calidad de hiperpotencia política, militar y económica sin rival en el mundo, marca la pauta del comportamiento de los gobiernos a nivel mundial [...] Cuando el país más poderoso del mundo se burla del Estado de derecho y de los derechos humanos, está dando permiso para que otros países cometan abusos con impunidad y audacia".

Kahn mencionó las fotografías de los abusos a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, abusos que nunca se investigaron del todo. Además, criticó la actitud de Estados Unidos respecto de su propia prohibición de la tortura: "El Gobierno estadounidense se ha empleado a fondo para restringir la aplicación de los Convenios de Ginebra y 'redefinir' la tortura".

"Los gobiernos están tratando de tercerizar la tortura. No se niega la justicia, se desvía", agregó Khan, haciendo referencia a la supuesta entrega de prisioneros a países donde la tortura no está prohibida. "Argumentar que la tortura está justificada, es hacernos volver a la Edad Media".

Reacciones de Estados Unidos

El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, respondió diciendo que los alegatos del informe son "ridículos y poco sustentados por los hechos. Los Estados Unidos lideran la protección de los derechos humanos y la promoción de la dignidad humana. Hemos liberado a 50 millones de personas en Iraq y Afganistán. Hemos trabajado por el avance de la libertad y la democracia en el mundo para que la gente sea gobernada por las reglas de la ley y que hay protecciones a los derechos de las minorías, que los derechos de las mujeres han avanzado tanto que ellas puedan participar totalmente en sociedades donde ahora no pueden", así como el apoyo a la lucha contra el SIDA en África.

Respecto de los alegatos de abusos en Guantánamo, que McClellan había calificado anteriormente de incidentes aislados, el vocero dijo que "retenemos a los responsables cuando hay abuso. Tomamos medidas para evitar que suceda de nuevo y lo hacemos de una manera tan notoria para que el mundo vea lo que predicamos con el ejemplo, y que tenemos valores que conservamos y en los que creemos mucho".

La situación en América Latina

En el informe se dice que "las instituciones democráticas y el Estado de derecho estuvieron en peligro en una gran parte de Latinoamérica. La inestabilidad política, fomentada por la corrupción, el crimen organizado, las desigualdades económicas y el malestar social, acarreó varios intentos de hacer caer gobiernos. La mayoría de ellos se realizaron por medios constitucionales, pero algunos, como en Haití, no respetaron el proceso democrático".

Respecto de la 'guerra contra el terror', afirma que se halla muy entremezclada con la 'guerra contra las drogas' y que "tras las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el gobierno del presidente Bush animó a los gobiernos de la región a incrementar el protagonismo del ejército en las operaciones de orden público y de seguridad interior. Al difuminarse la distinción entre la misión del ejército y la de la policía, gobiernos como los de Brasil, Guatemala, Honduras, México y Paraguay utilizaron fuerzas militares para combatir la delincuencia y la agitación social".

También critica la presencia norteamericana en Colombia, donde EUA "duplicó el máximo de efectivos estadounidenses desplegados en operaciones de contrainsurgencia y antinarcóticos. A su vez, el gobierno colombiano insistió en redefinir el conflicto interno que asolaba el país desde hacía 40 años como parte de la 'guerra contra el terror' internacional".

Pero también menciona los continuos esfuerzos para "combatir la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en las últimas décadas", como las detenciones de algunos militares del Cono Sur implicados en la llamada Operación Cóndor y el proceso que se le sigue al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Sin embargo, destaca que en algunos países se mantienen los fueros de militares y policías. A su vez, critica las presiones de Estados Unidos "a los gobiernos de la región para que firmaran acuerdos de inmunidad ilegítimos que impedían la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos recortó la ayuda militar a 10 de los 12 países que se negaron a suscribir acuerdos de esta naturaleza. En noviembre, el Congreso estadounidense amenazó con cortar la ayuda al desarrollo a los países que se negaran a firmar".

Otro asunto es la violencia contra las mujeres y niñas, haciendo énfasis en la vulnerabilidad que sufren en situaciones de conflicto: "En Colombia, todas las partes implicadas en el conflicto sometieron a las mujeres y las niñas a actos de violencia sexual, incluidas la violación y la amputación de los genitales. Se las perseguía para sembrar el terror, vengarse de los adversarios y acumular 'trofeos de guerra'".

Finalmente, el informe destaca los esfuerzos de los defensores y activistas de los derechos humanos en la región pese a las "intimidaciones, restricciones para viajar, acusaciones infundadas de tener vínculos "terroristas" o ejercer otras actividades violentas, detenciones arbitrarias, cargos penales falsos e incluso la muerte".

Y recalca que Brasil es el único país que "respondió a la petición efectuada por el representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y por Amnistía Internacional para que los gobiernos elaboraran, publicaran y llevaran a cabo planes operativos con el fin de aplicar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos".

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