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Evo Morales promulgó la Ley del Órgano Judicial

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24 de junio de 2010

24 de junio de 2010

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley del Órgano Judicial que reconoce la validez del sistema tradicional de justicia indígena, con lo que se reemplaza oficialmente la vieja estructura del Poder Judicial.

“La ley ha sido elaborada en base a las necesidades del país y su realidad, no como en el pasado cuando las leyes se hacían copiando normas extranjeras”, dijo el presidente.

Esta es la segunda de cinco "leyes fundamentales" que debe aprobar el Parlamento antes del 22 de julio 2010 para cumplir con un mandato establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Con la Ley del Órgano Judicial, de 230 artículos, los servicios de administración de justicia serán gratuitos sin discriminaciones, sin exclusiones.

Se creara la escuela de jueces en la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial; y donde el Estado formará académicamente a los jueces.

Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce aseguró que el defensor del litigante y la conciliación, son los dos avances más importantes de la Ley a favor del ciudadano.

Además de los tribunales de justicia ordinaria, establecidos a raíz de la independencia boliviana hace casi dos siglos, el país contará ahora con jurisdicciones y autoridades judiciales de tipo indígena-originario-campesino, agroambiental y especiales.

La jurisdicción originaria campesina, que cumple con la Constitución y también cumplirá con normas internacionales, por lo que el Parlamento tiene 180 días para aprobar una Ley de Deslinde Jurisdiccional, que establecerá los campos de acción de la justicia "ordinaria" y los de la indígena.


En el marco de la jurisdicción indígena quedó reconocida la autoridad de 36 comunidades originarias, que castigan delitos con la expulsión de esas localidades (en casos de robo y delitos mayores), trabajo comunitario y la flagelación a infractores (cuando se trata de faltas menores).

El Gobierno ha afirmado varias veces que la "justicia indígena" ha sido malinterpretada por los críticos y ha sostenido que en el caso del linchamiento los autores del crimen son narcotraficantes o contrabandistas que operan en esa zona fronteriza con Chile.


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