Policía peruana encuentra los cuerpos de los guardias de seguridad presuntamente secuestrados por mineros de oro ilegales

7 de mayo de 2025

Perú

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El domingo 4 de mayo, en la provincia de Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad, al norte de Perú y cerca de una de las minas de oro más grandes del país, la policía encontró los cuerpos de trece guardias de seguridad que habían sido secuestrados el sábado 26 de abril, presuntamente por personas vinculadas a la minería ilegal.

Los guardias de seguridad trabajaban para la empresa privada R&R Staff, una firma de seguridad que presta servicios a Libmar, un minero artesanal que opera bajo contrato con la empresa minera Poderosa.

El viernes 2 de mayo, la compañía declaró estar decepcionada por la falta de acción de la policía para prevenir la minería ilegal. El sábado, según informó el medio local Diario Correo, comenzó a circular en redes sociales un video, supuestamente grabado por los criminales, en el que se muestra a las víctimas siendo asesinadas a quemarropa con disparos. También se reportó que se envió a sus familiares un video donde las víctimas aparecían desnudas y atadas, como forma de chantaje antes de su muerte, la cual habría sido precedida por una semana de cautiverio.

Las autoridades creen que los autores del crimen están vinculados a la minería ilegal. Las víctimas, que fueron halladas «atadas en una fosa», habían sido enviadas inicialmente para enfrentar a una banda que había tomado el control de la mina tras una emboscada. El intento por recuperar el control fue fallido, y los guardias fueron finalmente interceptados y capturados, según informó la BBC.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el gobierno peruano impuso un toque de queda en la provincia de Pataz durante las horas nocturnas y suspendió las actividades mineras en la zona por 30 días. La presidenta Dina Boluarte anunció que habría presencia militar armada en toda el área de la mina La Poderosa, y afirmó que se tomaría el «control total» del lugar.

El portavoz Pablo de la Flor criticó la decisión de suspender la minería formal, argumentando: «Eso es precisamente lo que quieren las minas ilegales». La región ya se encontraba bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, aunque la empresa La Poderosa señaló que estas medidas han sido ineficaces.

Un vocero de la compañía declaró el 2 de mayo: «La espiral de violencia descontrolada en Pataz ocurre a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un amplio contingente policial que, lamentablemente, no ha logrado frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona». La empresa informó que las víctimas habían sido secuestradas el 26 de abril y que forman parte de varios de sus empleados que han muerto a manos de bandas criminales en la zona minera.

La violencia vinculada a la minería ilegal ha ido en aumento en la región donde se ubica la mina La Poderosa. Luis Guillermo Bringas, fiscal en Pataz, calificó el conflicto como «una guerra por los socavones» entre empresas mineras y bandas delictivas. La minería ilegal de oro generó más de 6 mil millones de dólares en 2024, según el Instituto Peruano de Economía.

Perú es uno de los mayores productores de oro del mundo, extrayendo más de 100 toneladas al año, lo que representa aproximadamente el 4 % del suministro mundial anual. Algunos reportes señalaron que incidentes como este podrían disuadir a los inversionistas de hacer negocios en el país.