Ordenan indemnizar a familias de 41 panameños que murieron por consumir fármacos adulterados

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11 de noviembre de 2006

Así lo informó el presidente de Panamá, Martín Torrijos tras reunirse por más de dos horas con parientes de las víctimas, el mandatario declaró que en el futuro el ex Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, será su representante ante los familiares de los afectados.

Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Vida, se mostró pesimista en cuanto a la promesa de indemnizar a los familiares de las personas envenenadas con medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS). La promesa de indemnización realizada por el presidente Martín Torrijos no mermará las acciones legales que adelantan contra el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

"El presidente lo que busca es minimizar las acciones legales que han anunciado los familiares", dijo. El comité prepara la documentación para demandar civil y penalmente al Ministerio de Salud y a la CSS por las muertes de 41 personas envenenadas con fármacos contaminados. Con base en investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, se determinó el 11 de octubre que la causa del mal eran medicinas contaminadas con dietilenglicol.

Por el momento 88 personas han sido afectadas, de las cuales 41 han fallecido. Otros 28 pacientes permanecen hospitalizados por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda, caracterizado por vómitos, diarreas, náuseas e imposibilidad para orinar por los daños causados a los riñones.

Los familiares volvieron a pedir que el ministro de Salud, Camilo Alleyne, y el director de la CSS, René Luciani, sean separados de sus cargos. Torrijos se ha resistido a destituir por esta crisis al ministro de Salud, Camilo Alleyne, y al director de la CSS, René Luciani, pese a las insistentes peticiones de distintos sectores del país.

También solicitaron a los miembros del comité que exijan el expediente clínico de sus familiares para anexarlo como prueba en la demanda. Mientras tanto, las denuncias no se detienen. Pascual denunció que el Complejo Hospitalario de la CSS se ha negado a proporcionarle una pinta de sangre a dos pacientes envenenados.

A juicio de Pascual, mientras Luciani y Alleyne permanezcan en sus puestos no se realizará una investigación transparente. Para el mandatario Torrijos no se trata de cambiar de figuras, sino de sistema.

Por este caso están presas dos personas desde el 18 de octubre, mientras que otras tres están prófugas por ser miembros de la sociedad anónima Medicom, una intermediaria acusada de vender glicerina adulterada a la CSS, con la cual se elaboraron los fármacos. El insumo fue despachado por una compañía española, que a su vez lo adquirió de China, según las investigaciones. Se sospecha que la glicerina era para producción industrial, no para utilizar en fármacos.

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Fuentes

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