La policía participó en las dos masacres de migrantes en Tamaulipas, México, reconoce la PGR

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22 de diciembre de 2014

22 de diciembre de 2014

Por primera vez en cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por su relación con el hallazgo en 2011 de al menos 193 personas en fosas clandestinas, pues los agentes recibieron pagos por parte del grupo delictivo de Los Zetas (autores de la masacre) para realizar la vigilancia y arresto de gente en la zona.

De acuerdo a Animal Político, los datos fueron revelados sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar datos clasificados como reservados. Así, la PGR admite la complicidad del Estado en las dos masacres de San Fernando, la primera en agosto de 2010 y con 72 ejecutados y la segunda en abril de 2011 con al menos 193 víctimas.

"En base a [sic] las declaraciones de los siguientes inculpados [...] quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo [vigilancia], intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal "Los Zetas", citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal", revela la nota informativa que la PGR entregó el 10 de diciembre al National Security Archive.

La versión oficial señala que ambas masacres fueron realizadas por integrantes de Los Zetas. No obstante, la información confirma la participación de policías. Aunque, la PGR agregó que entre 2010 y 2011, algunos agentes fueron detenidos por sus vínculos en las masacres, los archivos fueron mantenidos en secreto bajo el argumento de que era información reservada por ser una investigación en proceso.

En el documento se agrega el testimonio de uno de los policías capturados y presunto integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas, quien declaró que la policía recibía pagos para capturar y entregar personas a los criminales. "Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los Zetas [...]", declaró.

Anteriormente, diversas organizaciones han buscado y solicitado información oficial sobre los hechos. Por su parte, las autoridades mexicanas se han negado a reconocer que San Fernando implique violaciones a los derechos humanos, pues afirmaban que el asesinato de migrantes son actos realizados por cárteles de la droga. Sin embargo, el IFAI determinó que las masacres sí constituyen violaciones a los DDHH, de acuerdo a lo establecido en tratados internacionales y a fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras lo anterior, en agosto pasado el IFAI ordenó a la PGR revelar datos sobre la participación policiaca en las masacres, con base en la Ley de Acceso a la Información, que indica que el Estado tiene la obligación de revelar información sobre violaciones graves a los derechos humanos.

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