Fiscalía entrega a la Corte Suprema texto del pacto entre políticos y paramilitares colombianos suscrito en 2001

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22 de enero de 2007

22 de enero de 2007

Tras la confesión en versión libre del desmovilizado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, la Fiscalía entregó el jueves (18) a la Corte Suprema de Justicia de ese país el texto del documento secreto que la cúpula de las AUC y 32 políticos firmaron en el corregimiento de Santa Fe de Ralito (Córdoba) el 23 de julio de 2001, en el que los segundos se comprometían a apoyar el "proyecto político" de las AUC. El lunes (22) la Fiscalía pidió formalmente abrir investigación contra 18 de los signatarios de dicho documento.

El Acuerdo de Ralito se conoció en noviembre del año anterior cuando el senador oficialista Miguel de la Espriella dio cuenta de su existencia al diario El Tiempo. Por esos días eran llamados a indagatoria doce parlamentarios de la coalición que apoya al presidente Álvaro Uribe Vélez, en el escándalo conocido como para-política.

En el documento, los firmantes se comprometían a "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, construir esta Nueva Colombia en un espacio donde 'toda persona tiene derecho a la propiedad' y 'tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad'", para "refundar nuestra patria, de fundar un nuevo contrato social".

Durante la confesión de Mancuso, que se realizó durante dos días de diciembre del año pasado y parte de la semana anterior en Medellín, el paramilitar confesó que había asesinado a más de 300 personas, tras infiltrar a las Fuerzas Militares, a la Policía y al sistema judicial. Mancuso acusó a varios militares y políticos, algunos ya fallecidos o encarcelados, manifestó que sectores del Ejército le brindaba información de inteligencia y que pagaba una mensualidad a policías y militares de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde las AUC mataron a alrededor de 5.000 personas.

También dijo que en 1998 habían obligado a los pobladores de sus zonas de influencia, principalmente en el norte del país, a votar en primera vuelta por el candidato liberal Horacio Serpa y en la segunda por el conservador Andrés Pastrana Arango, y que en 2002 "sugirieron" votar por Uribe. Las declaraciones de Mancuso forman parte de la desmovilización de las AUC, que les permiten a los líderes de las AUC pagar hasta ocho años de cárcel por sus crímenes y no ser extraditados a Estados Unidos, país que solicita a algunos de ellos por narcotráfico.

En entrevista con RCN Radio, Uribe desmintió las afirmaciones de Mancuso sobre las elecciones de 2002: "Es la primera noticia que tengo de que (los paramilitares) habrían presionado el voto a favor mío. [...] En todos los departamentos (bajo dominio de los paramilitares) yo perdí las elecciones, con excepción del departamento del Magdalena, en donde gané por 7.000 u 8.000 votos. [...] A Mancuso lo vi una o dos veces sin ser amigo de él. No he sido amigo de ellos (de los paramilitares). No les he enviado emisarios, ni he hecho compromisos con ellos". El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por su parte, defendió al difunto general Alfonso Manosalva, quien según Mancuso planeó con él al menos una masacre.

Mancuso, con un computador portátil, leyó los nombres de las 336 personas identificadas de las que él fue al parecer autor intelectual, así como de 87 crímenes (masacres y secuestros). No obstante, según El Tiempo, Mancuso sólo confesó el 5% de los crímenes de que es acusado. Según el periódico, la Policía "le adjudica [a uno de los bloques de las AUC] 7.300 de los 8.113 muertos en Norte de Santander, entre 1999 y 2004".

Tras la aparición del texto del documento, algunos de los firmantes, como la entonces concejal y luego congresista Eleonora Pineda y el político Luis Carlos Ordosgoitia, dijeron que lo suscribieron voluntariamente, mientras que la mayoría de ellos han declarado que lo hicieron bajo presión.

Algunos familiares de las víctimas manifiestan que Mancuso busca una vitrina política y justificar sus crímenes como contrainsurgencia, amén de ocultar información sobre el paradero de algunas víctimas. La investigadora Claudia López afirmó este lunes (22) que "la carta principal que va a tener la autoridad judicial es el contrainterrogatorio contra Mancuso" pues "la verdad no la establecen los criminales, sino las autoridades judiciales, producto de comparar las versiones y las pruebas".

El desmovilizado líder paramilitar, contra quien la Fiscalía tiene más de 60 procesos judiciales, tiene previsto reiniciar su audiencia el jueves (25), que desde ese momento será pública y con transmisión por televisión, por autorización gubernamental.


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