El Consejo de la Magistratura de Corrientes definirá si la jueza Fernández va a juicio político

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9 de septiembre de 2021

9 de septiembre de 2021

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes deberá resolver en los próximos días si formula acusación contra la Jueza de Paz de General Paz, Olga Fernández Fabro, quién fue denunciada ante este organismo por mal desempeño y por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, razones por la cual también está en curso una investigación en la Fiscalía Penal número 6 de la Ciudad de Corrientes, a cargo del Dr. Gustavo Roubineau.

La denuncia radicada ante el organismo que controla el desempeño de los magistrados tiene su origen en el accionar de la jueza Olga Fernández Fabro en una causa por supuestos hechos de violencia familiar que fueron denunciados por una mujer de esa localidad, funcionaria del gobierno municipal, tras separarse de su pareja.

Originalmente la causa se había iniciado por una denuncia penal pero, al no haber delito, terminó recayendo en el juzgado a cargo de Fernández Fabro, como una cuestión de derecho de familia.

En ese contexto, la jueza dictó una medida de exclusión del hogar contra el denunciado, pero lo habría hecho sin cumplir con los requisitos que exige la ley: tener algún tipo de prueba o indicio que permita presumir que los hechos denunciados pueden ser ciertos o, en su defecto, mandar a producir informes psicológicos, físicos y sondeos vecinales que permitan acreditar si el relato de la denuncia es verosímil o no, antes de disponer medidas como expulsiones del hogar. Todo ello habría sido incumplido por la doctora Fernández Fabro, dando lugar a la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, que es el delito que cometen los jueces cuando dictan resoluciones en contra de lo que establecen las leyes.

Otro de los motivos que sustentan la acusación por mal desempeño es la presunta existencia de diálogos extrajudiciales, que circularon por las redes sociales, en los cuales la denunciante habría mantenido conversaciones con la magistrada solicitándole expresamente que ordene excluir al hombre de la casa basándose en sus relatos. En esos mensajes que trascendieron y forman parte del expediente que tramita ante el Consejo de la Magistratura, también la jueza habría dado opiniones y juicios valorativos sobre las partes, por lo que se le imputa vulnerar la garantía de imparcialidad y de no prejuzgamiento.

Además, la jueza está acusada por no haberse excusado de la causa a pesar de tener amistad manifestada por la frecuencia en el trato con la mujer que realizó la denuncia, con la que además trabajaban articuladamente en la gestión de distintas causas al tratarse de una funcionaria pública encargada de tramitar causas en el juzgado a cargo de Fernández Fabro, lo que implicaría una violación al artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial.

Ante esta situación, según el procedimiento previsto en la Constitución de la Provincia de Corrientes y la ley 5848 del Jurado de Enjuiciamiento, tras haber recibido el descargo que le corresponde a la magistrada en virtud del derecho a la defensa, el Consejo de la Magistratura deberá resolver si formula acusación contra la juez y, en ese supuesto, Fernandez Fabro será suspendida en sus funciones y percibirá la mitad de sus haberes hasta tanto el jury resuelva si la encuentra culpable de las causales de mal desempeño y procede a su remoción del cargo o, por el contrario, la absuelve y la restituye en su puesto.

Por el momento, y hasta tanto el Consejo de la Magistratura tome esta decisión, la jueza continuará al frente del tribunal a su cargo, mientras se decide cómo continúa el trámite de juicio político.

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