Corte Constitucional de Colombia condiciona aplicación de la Ley de Justicia y Paz

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19 de mayo de 2006

Bogotá, Colombia — La Corte Constitucional declaró este jueves (18) exequible con condiciones la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que sirve como marco jurídico para el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La votación fue de seis votos a favor y tres en contra.

La ley, no obstante, deberá ser modificada en algunos apartes:

  • El tiempo que los desmovilizados hayan pasado en la zona de concentración de Santa Fe de Ralito (Córdoba) no cuenta como parte de la pena que puedan recibir.
  • Aunque las condenas pueden ser de 5 a 8 años, quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir.
  • Debe darse una acumulación jurídica entre las condenas preexistentes contra varios de los desmovilizados y las que se emitan contra ellos como resultado de su versión libre ante los jueces, antes de concederles los beneficios alternativos.
  • Las víctimas pueden intervenir y estar informados de todo el proceso legal. Además de los directamente afectados, sus cónyuges y demás familiares también tienen la calidad de víctimas.
  • Los jueces (que para efectos de la ley ostentarán la calidad de magistrados) deben velar por la "correcta calificación jurídica de los hechos que aparecen en el expediente".
  • Por vicios de forma en su trámite, el delito de concierto para delinquir no puede asimilarse al de sedición.

Jaime Córdoba Triviño, presidente de la Corte Constitucional, precisó también que el Fondo de Reparación a las Víctimas, contemplado en la Ley 975, "está únicamente constituido por los bienes de procedencia ilícita del procesado sino también, para garantizar la reparación, por los bienes que tenga de procedencia lícita, al margen de que estén en poder de terceros". Añadió que, a juicio de la Corte, la ley no constituye una amnistía ni un indulto.

Tanto el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez como la cúpula de las AUC, que según datos oficiales desmovilizó a cerca de 30.000 combatientes, manifestaron de diferente forma su preocupación por la decisión judicial.

Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y Justicia, dijo a Caracol Radio: "mientras se analizan los alcances del fallo, lo único que puedo decir es que estoy, asombrado, perplejo. Solo puedo tener una actitud demócrata, pero estoy francamente preocupado. Aquí hay que apegarse a la ley, a las orientaciones del señor presidente de la República, pedir la ayuda de Dios, porque este es un tema muy difícil, pero vamos a buscarle soluciones [...] Lo que se viene en análisis y trabajo es enorme, y la preocupación es todavía más grande". El ministro también dijo que, a pesar de las preocupaciones por sus efectos sobre la negociación y la aplicación de la ley, el gobierno acata el fallo.

Por su parte, alias Ernesto Báez, jefe político de las AUC, fue más enfático en sus cuestionamientos: "La Corte Constitucional le propinó un golpe mortal al proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas, porque modificó los puntos que le daban garantías a la desmovilización de los combatientes [...] Se trata de un golpe bajo y mortal para el proceso, por parte de un órgano que se dedicó a colegislar , sin tener en cuenta los esfuerzos históricos que se hicieron con la desmovilización de más de 30 mil hombres". Mencionó también que los jefes de las AUC piensan reunirse para debatir el tema y luego llegar a una decisión conjunta sobre el particular.

Hace tres semanas, el alto tribunal rechazó una demanda contra la ley 975 al considerar que no hubo vicios de forma en el hecho de que el trámite de la ley en el Congreso haya sido el de una ley no estatutaria. No obstante, la Corte ha continuado el estudio de otras diez demandas que hay en contra de la Ley de Justicia y Paz.


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