Rusia advierte el manejo "totalitario" de Estados Unidos a la Internet

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Moscú, Rusia
21 de diciembre de 2011

21 de diciembre de 2011
Moscú, Rusia
Alexander Lukashevich, un vocero del ministerio de exteriores ruso, advirtió este lunes sobre los intentos de un control unilateral de Internet por parte de Estados Unidos a otras naciones y empresas que serían sometidas a su control, a través del proyecto legislativo llamado Global Online Freedom Act (ley de Libertad Global en línea).

En caso de una posible aprobación, el país norteamericano podría inclusive restringir el envío de tecnología de software y hardware a países que se encuentre en su lista negra, obligando a las compañías a reportar al gobierno sobre sus actividades en esos territorios. También prevé que el Departamento de Estado publique informes acerca de que países están limitando el uso de Internet.

Al parecer, algunos representantes del establishment estadounidense mantienen los rezagos de la Guerra Fría que ahora quieren trasladar a la esfera de las altas tecnologías y de las comunicaciones. Es como si algunos miembros del establishment estadounidense estuvieran aplicando la mentalidad de confrontación y esquemas heredados de la Guerra Fría a las tecnologías web. Por tanto, EE. UU. nuevamente trata de asumir el papel de regulador supremo y de árbitro.

Además, Estados Unidos conoce que la aplicación de derechos y libertades fundamentales en el ciberespacio de ninguna forma esta desprovista de condiciones, pues ello está limitado por los intereses de seguridad interna y el orden público, sin violar otros derechos.

Lukashevich indica que el tema de la regulación de la Internet debería ser competencia de las Naciones Unidas basándose en la soberanía de los estados nacionales, facilitándoles mecanismos de control para su aplicación, recomendando el Código de Conducta Internacional para la Seguridad de Información, sugerido por Rusia en la última sesión del Consejo de Seguridad.

Por su parte, el representante a la cámara estadounidense, Chris Smith, defiende la iniciativa argumentando que la meta es proteger "a personas en disidencia con los estados que se valgan de la represión como herramienta de control político".

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