Gobierno panameño ratifica funcionarios del poder judicial

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Panamá
23 de diciembre de 2012

23 de diciembre de 2012
Panamá — En tiempo récord, la Asamblea Nacional de Panamá ratificó las designaciones del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal en el poder judicial de la nación centroamericana. Como Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ratificó al actual Procurador General de la República José Ayú Prado, para el periodo 2013-2023, en reemplazo del Magistrado saliente Aníbal Salas Céspedes y en la Procuraduría General de la República a la abogada Ana Belfon Vejas, para el periodo 2013-2014, en reemplazo del Procurador saliente José Ayú Prado.

Estas designaciones fueron calificadas como grave amenaza a la institucionalidad del estado panameño, debido a que la nueva Fiscal General era conocida como la "Dama de Hierro" quien durante la narco dictadura militar del Gral. (R) Manuel Antonio Noriega abrió causas penales y encarceló a opositores al régimen, estos antecedentes dejan una idea que podrían volver los tiempos de los presos políticos, así lo manifestaron miembros de la otrora Cruzada Civilsta Nacional, grupo que se opuso al régimen de Noriega. Belfon era abogada del Presidente Martinelli, trabajó en la asesoría jurídica en la campaña presidencial del partido Cambio Democrático plataforma política de Martinelli y hasta el próximo 31 de diciembre de 2012 laborará como directora de asuntos jurídicos de la presidencia de la república.

En tanto, el Magistrado electo Ayú Prado, a pesar de ser funcionario de carrera del poder judicial panameño, ha sido duramente cuestionado mientras estuvo al cargo de la Procuraduría debido a que se archivaban todas las denuncias de corrupción probadas contra el actual gobierno, propicio la persecución política contra opositores. Diputados de oposición señalaron rotundamente que la designación de Ayú Prado es un premio por haber archivado el caso Finmeccanica en Panamá donde hay millones de euros en sobornos al Presidente Martinelli a cambio del contrato de 180 millones de euros para la adquisición de armamento y equipo militar de la empresa italiana, cuyo caso de sobornos tiene decenas de detenciones y sentencias condenatorias en Italia.

El gobierno panameño no ha emitido declaraciones al respecto de las designaciones y ha desestimado pronunciamientos de opositores mediante las redes sociales donde se ha librado una especia de ciberguerra en modo de campaña sucia contra políticos y activistas opositores, medios masivos y alternativos.